La responsabilidad empresarial ante las agresiones y el acoso

La responsabilidad empresarial ante las agresiones y el acoso

Cada cierto tiempo saltan a los medios de comunicación casos de agresión, acoso o discriminación en entornos laborales. Estos casos suelen conllevar características especiales que son las que los hace más relevantes que otros para resultar ser noticia. Pero la realidad es que la discriminación, las agresiones y el acoso en los espacios laborales se producen de modo mucho más habitual de lo que cabe suponer.

El papel que adoptan las empresas en estos conflictos y su responsabilidad en ellos se vuelven cuestiones clave, pues las empresas están obligadas a garantizar la seguridad física y psíquica de su personal, así como a garantizar espacios laborales seguros y libres de agresiones.

Referencias legislativas en materia de acoso y agresiones

Esta obligación emana de diferente normativa a nivel nacional. Desde la propia Constitución Española, pasando por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la Ley General de la Seguridad Social o el Estatuto de los Trabajadores.

Cuando la situación de violencia sufrida tiene su origen en el hecho de ser mujer, además está afectada por la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y por la Ley Integral Contra la Violencia de Género.

Qué pueden hacer las empresas

El papel que adopten las empresas ante este tipo de conflictos se vuelve clave para evitarlos, minimizarlos y reducir los costes que conllevan por la pérdida de talento que originan, el incremento de las bajas laborales, la pérdida de productividad y los gastos invertidos en defensa y asunción de responsabilidades judiciales.

El mejor método siempre reside en la prevención. Una adecuada política empresarial que deje claros los principios de relación en la organización y el compromiso de la dirección hacia ellos y hacia la condena expresa a tipos de comportamientos abusivos y agresivos, se vuelve fundamental para crear un ambiente de trabajo saludable.

También disponer de herramientas preventivas, como protocolos para prevenir situaciones de acoso y agresión, unidos a una correcta difusión de los mismos a todo el personal para que sea conocedor de sus obligaciones, derechos y cómo y a quién dirigirse en caso de conflicto.

Finalmente la formación al personal; especialmente a la dirección, mandos intermedios, responsables, representantes sindicales e integrantes de las comisiones encargadas de intervenir en los conflictos. Para conocer cómo funcionan los procesos de acoso, cuáles son los perfiles de quienes agreden, sufren la agresión, los mecanismos que se utilizan y cómo se debe proceder para prevenir, atajar y resolver cuanto antes y del mejor modo posible estas situaciones.

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Víctimas de violencia de género en los entornos laborales

Víctimas de violencia de género en los entornos laborales

Este mes hablaremos de las víctimas de violencia de género en los entornos laborales porque el día 25 de Noviembre es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

No todas las empresas u organizaciones son conscientes de que los espacios en los que trabajan las mujeres víctimas de violencia de género son potencialmente peligrosos para ellas. Sus maltratadores saben dónde se encuentran y en qué horarios. Además no siempre la condición de víctima y maltratador es conocida, por lo que al ser éste habitualmente un hombre cercano a la trabajadora, sus compañeras y compañeros de trabajo no perciben como extraña su presencia y fácilmente colaborarán con información sobre ella que le expondrá aún más. Este anonimato beneficia al maltratador doblemente, pues al verse sorprendida la mujer por él en el espacio laboral, es probable que disimule y se vaya con él para no exponer su situación.

Cómo contribuir a proteger a las víctimas de violencia de género en los entornos laborales

Estas situaciones se pueden evitar en gran medida si la condición de víctima de violencia de género es conocida por la dirección y el personal. Pero eso no siempre es así. Las mujeres víctimas de violencia de género suelen estar muy aisladas y tienden a esconder su condición por una mezcla de vergüenza y culpabilidad.

Una de las herramientas más eficaces para prevenir esta vulnerabilidad es elaborar Protocolos para la Protección a Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el Espacio Laboral. Estos documentos, hechos públicos de forma efectiva a todo el personal, animan a la posible víctima a identificar su situación al menos a ciertas personas clave que puedan ayudarle y prevenirle en caso de necesidad. E incluyen medidas a considerar, como detectar y facilitar el uso de puertas traseras u otras rutas alternativas para que la víctima pueda evitar encontrarse con su maltratador. Disponer unos horarios que no aumenten su vulnerabilidad, sino que favorezcan su protección. En caso de que habitualmente deba trabajar en espacios fuera de las dependencias de la empresa, evitar que vaya sola. Facilitarle la rotación de turnos y espacios de trabajo habituales, para que sean difícilmente previsibles. No exponer públicamente los horarios y espacios de trabajo. O inculcar hábitos a todo el personal para que evite facilitar información sensible sobre las compañeras de trabajo.

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Dada la relevancia que tiene la Violencia contra las mujeres en nuestra sociedad hoy hablaremos de los Derechos laborales de las mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género.

Según recoge la legislación estatal para poder acogerse a estos derechos se debe acreditar la situación de violencia, bien mediante la sentencia condenatoria al agresor, una orden de protección o, excepcionalmente y hasta que se dicte la orden de protección, mediante un informe del Ministerio Fiscal en el que quede constancia de los indicios de violencia patriarcal.

La ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género y el Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre recoge el programa de inserción socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género. Modifica el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, de forma  que a las trabajadoras que sean víctimas de violencia de género se les reconozca el derecho a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario. Modifica también el apartado 7 de dicho artículo para que se tenga en cuenta las necesidades de estas trabajadoras en la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo que se utilicen en la empresa donde se presten servicios .

En la legislación vigente asimismo se reconoce que aquellas trabajadoras víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar su puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. Y si por su condición de víctimas de violencia de género se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo tendrán la posibilidad de suspender el contrato laboral por un período máximo de seis meses, ampliables a tres meses más con un máximo de dieciocho meses por decisión del Juez de lo Social cuando éste considere que la necesidad de protección de la víctima así lo requiere. Determinándose que el período que la trabajadora suspenda su contrato de trabajo por este motivo se tendrá como cotizado en Seguridad Social.

Otra modificación del Estatuto de los trabajadores, art. 49.1.m, recoge el derecho a extinguir el contrato de trabajo con posibilidad de acceso al desempleo para aquellas víctimas de violencia de género que por su especial situación necesiten dar por finalizada definitivamente la relación laboral, no teniendo que cumplir ni con el preaviso que se establece en los convenios colectivos o pactos privados, ni con los pactos de permanencia o no competencia que pudiese tener. Y además modifica el art. 52.d sobre despido objetivo para establecer matizaciones a la hora de que la persona empleadora pueda extinguir contratos de trabajo por faltas de asistencia al trabajo, aun siendo éstas justificadas, cuando estas ausencias sean resultado de la situación física o psicológica derivada de una situación de violencia de género.